El Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales realizó el pasado 23 de octubre un planteamiento al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales (FCS) ante el fallecimiento de Richard Daniel Méndez Loidi, estudiante de esta casa de estudios, privado de libertad en la Unidad 3 del Circuito Universitario.
Transcribimos a continuación el texto elaborado por el orden estudiantil y aprobado por unanimidad por el Consejo:
Planteamiento del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales al Consejo de FCS
El pasado lunes 20 de octubre de 2025 falleció Richard Daniel Méndez Loidi, estudiante de esta casa de estudios, privado de libertad en la Unidad 3 del Circuito Universitario.
Ante este hecho, expresamos nuestras más sinceras condolencias, haciendo llegar nuestro apoyo a su familia, allegados y a la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Unidad 3.
La muerte de un estudiante privado de libertad conmueve profundamente a nuestra comunidad universitaria y nos enfrenta a la dura realidad del sistema penitenciario uruguayo. Según el informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario de 2024, Uruguay presenta una de las tasas de prisionalización más altas del mundo con 477 personas cada 100.000 habitantes, ubicándose primero en América del Sur. En los últimos cinco años, la población carcelaria ha crecido en promedio mil personas por año, superando actualmente las 16.600 personas privadas de libertad.
A esta expansión sostenida se suman las condiciones de vida degradantes que afectan a gran parte de la población encarcelada. El 46% de las unidades penitenciarias presentan tratos calificados como crueles, inhumanos o degradantes, y el sistema registra un hacinamiento promedio del 120%, que en las unidades femeninas alcanza el 147%. Estas cifras dan cuenta de un sistema que, lejos de garantizar derechos básicos y oportunidades de reinserción, reproduce desigualdades estructurales y vulneraciones graves de la dignidad humana.
Como Universidad pública, reafirmamos nuestro compromiso con los valores morales y los principios de justicia, libertad y bienestar social, así como con la defensa de los derechos de la persona humana, tal como lo establece el art. 2 de nuestra Ley Orgánica. Es urgente de revisar las políticas de encarcelamiento y transformar las condiciones de vida en las cárceles de nuestro país.
Asimismo, entendemos que la Universidad no puede ser ajena a esta realidad. Tenemos la responsabilidad de aportar a la construcción de nuevas políticas que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad, y de repensar nuestras propias políticas de enseñanza y nuestra presencia universitaria en contextos de encierro, fortaleciendo el acceso a la educación como una herramienta de libertad, justicia y transformación social.