En el marco del Día Mundial por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas (CEIFem) presentó los resultados del proyecto «Derechos reproductivos y pandemia por Covid-19: obstáculos y desafíos para una ciudadanía plena». La mesa contó con los aportes de organizaciones sociales.
Participaron Estefani Troisi, partera integrante de Gestar Derechos; Marina Morelli, abogada, integrante de Mujer Ahora; y las integrantes del CEIFem y coordinadoras del proyecto Natalia Magnone, docente del Departamento de Trabajo Social y Mariana Viera, docente del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades.
Gestar Derechos es un grupo de mujeres que nació en junio de 2020 a partir de la militancia contra la violencia obstétrica, en plena pandemia «porque vimos cuán frágiles son los derechos que creíamos que estaban asegurados», explicó Troisi. La organización da mucha importancia al marco jurídico, a la Ley 19580 donde se define a la violencia obstétrica como «toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer, que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos».
«El aumento sostenido de las cesáreas es una traducción clarísima de ese aumento de procedimientos invasivos y el abuso de las técnicas», sentenció Troisi. Explicó que Uruguay está cerca de superar el 50% de cesáreas en el total de nacimientos, con diferencias entre el sector público y privado: algunos prestadores de salud privados superan el 80%. Cuestionó que estos guarismos no llamen la atención de quienes gestionan el sistema de salud, y señaló que «no hay mecanismos de control que auditen por qué tenemos estos números, tendría que llamar la atención hasta por el gasto», cuando el porcentaje debería estar en torno al 30%.
Criticó, además, el proceso de toma de decisiones sobre las intervenciones en general, la falta de información y consulta para con las mujeres y planteó la necesidad de cambiar la relación clínica entre el personal y las usuarias del sistema. «Hay cuestiones que pueden ser pensadas de manera distinta, pero los profesionales de la salud tienen que estar dispuestos», sentenció.
Desde la organización entienden que la violencia obstétrica es un problema sanitario de un sistema de salud que no considera la vivencia y la experiencia de las mujeres, ni cómo impacta la violencia obstétrica sobre su salud mental y el puerperio.
A su turno, Marina Morelli repasó el camino recorrido hasta la aprobación de la Ley 19580 en 2017, un proceso difícil «por la lógica de la violencia basada en género» que implica distintas formas de poder que «garantizan la perpetuidad del statu quo que le conviene: el poder académico, militar, económico, sindical y otros submundos de poderes, como el poder médico».
Compartió los resultados de la investigación «Derechos sexuales y reproductivos. Una mirada al sistema de justicia uruguayo» que realizó con la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU) y con Georgetown University. El trabajo hizo un mapeo al Poder Judicial uruguayo, identificando las 50 personas por las que sí o sí iba a pasar una decisión en referencia a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se estudiaron 179 sentencias en las que estos 50 magistrados intervinieron a lo largo de su carrera y que tenían componentes en referencia a los derechos sexuales y reproductivos. No encontraron una sola conceptualización de estos derechos. «Quiere decir que quienes deciden no logran ni siquiera identificar cuál es el derecho vulnerado en los casos concretos», explicó. Además, contó que encontraron un porcentaje de jueces con una pública afiliación a iglesias y muchas se veían reflejadas en sus sentencias.
Por último, celebró el compromiso de la academia con estos temas y dijo que es un momento para trabajar con la sociedad civil en la producción de conocimiento.
«Derechos reproductivos y pandemia por Covid-19: obstáculos y desafíos para una ciudadanía plena».
Natalia Magnone y Mariana Viera presentaron los principales rasgos de este proyecto realizado con el apoyo del Programa de Investigación e Innovación Orientados a la Inclusión Social de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República. En él se propusieron analizar la afectación de los derechos reproductivos, en particular los derechos obstétricos, durante la pandemia de Covid-19, que impuso «rápidamente […] un montón de situaciones que no se explican desde lo sanitario, lo institucional, ni de lo clínico, pero bajo el rótulo del «no contagio» sucedieron», subrayó Magnone.
El trabajo se propuso identificar fortalezas y debilidades del sistema de salud -en especial de la profesión de la partería- para proteger estos derechos, así como los procesos de agenciamiento de las mujeres. En ese sentido, recoge la visión de las usuarias y también de las parteras, porque esa profesión es la profesión que debería atender los partos considerados «normales», pero que por un proceso de medicalización de la partería se desplazó hacia el profesional médico. De este modo, el proyecto puso el foco en qué pasó con la parteras porque se entiende que tienen la potencialidad para defender los derechos reproductivos.
Las investigadoras solicitaron información a organizaciones sociales, al Ministerio de Salud, analizaron denuncias ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, entrevistaron parteras y estudiantes de partería hospitalaria y no hospitalaria, además de entrevistar a mujeres asistidas en el sistema de salud público y mutual.
De acuerdo a lo relevado, las condiciones estructurales en donde trabajan las parteras se vuelven obstáculos para la defensa del derechos de las mujeres, a pesar de la gran potencialidad que tienen como profesión, porque «en el sector público y mutual algunas parteras hicieron la diferencia para la asistencia de las mujeres», aclaró Magnone.
Subrayó que la pandemia […] «fue utilizada para imponer autoritarismos y estrechar el cinturón patriarcal», y señaló que la investigación deja planteada la pregunta: ¿Son los hospitales los mejores lugares para parir?
Próximamente estará disponible la publicación con los resultados obtenidos en la investigación en la que participaron también Lucía Giúdice, Fernanda Gandolfi, Eliana Laurino, Lucía Castro, Magdalena Caccia.
