Este 9 de junio se realizó el conversatorio virtual «Salud mental y proceso de reforma: miradas desde el primer nivel de atención y los saberes territoriales», en el marco del proyecto «Políticas de transición en el cambio de modelo de atención a partir de la Ley de Salud Mental: desafíos para la externación sustentable».
La actividad, que forma parte de un ciclo iniciado en octubre de 2020, culminará el mes que viene y busca ser un espacio de intercambio para pensar el campo de las políticas de salud mental en sus diferentes dimensiones. En esta ocasión contó con la participación de actores sociales, académicos y gubernamentales, destacándose el aporte de Paulo Amarante, médico psiquiatra, doctorado en Medicina y Filosofía y pionero del movimiento de reforma psiquiátrica en Brasil.
El tema del encuentro se centró en la necesidad de pensar nuevos dispositivos de atención, armonizar la normativa, profundizar la interinstitucionalidad y promover cambios socioculturales para la desestigmatización. Además, dada la aprobación de la Ley de Salud Mental en 2017, también se abordó el rol del primer nivel de atención como una dimensión técnica y desde los saberes que se ponen en juego de manera cotidiana. En ese sentido algunas de las preguntas disparadoras fueron: ¿qué primer nivel de atención se requiere?, ¿cómo desandar la institucionalización en el contexto comunitario? y ¿qué saberes tienen los territorios que no tienen las instituciones asilares?
Al abrir las exposiciones, Amarante puso sobre la mesa el «concepto ampliado de salud», que entiende a la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino «como producción de vida, de posibilidad de vida», detalló. Explicó que se trata de un campo interrelacionado de acciones: educación, empleo, vivienda, trasporte y seguridad, por ejemplo. «No se hace salud solamente con medidas estrictamente sanitarias […] es un concepto complejo de calidad de vida, de condiciones materiales de vida», remarcó. En este sentido, distinguió entre lo que se conoce como «determinación social del proceso salud-enfermedad» de los «determinantes sociales», más relacionados a las ideas de los modelos biomédicos, clínicos, epidemiológicos y que comprenden factores específicos como la obesidad, la actividad física, etc. Por otra parte, fue crítico con el «hospitalocentrismo», «el especialismo», la «patologización y medicalización», y un «modelo profesional verticalizado monovalente, muy centrado en el rol médico [donde] toda acción debe ser dirigida por los médicos». A su entender, este es uno de los problemas más graves de la atención primaria de la salud, lo que se une a la falta de reconocimiento de los saberes populares, que permitan construir cambios sociales desde la comunidad y desde el territorio.
Además Amarante abogó por desinstitucionalizar los manicomios no solo como edificios, los hospitales psiquiatrícos, sino también los manicomios culturales y sociales: las prácticas culturales de mantener una persona fuera de los circuitos culturales, políticos y sociales.
A su turno, Ricardo Larrañaga de la Organización de Usuarios de Salud del Oeste quiso dar una mirada «territorial» y en ese sentido denunció la «reducción sustancial» de profesionales y técnicos que trabajan en las policlínicas del primer nivel de Salud Pública, lo que «perfora el sistema de salud», lamentó. Detalló que esta reducción se da en todas las disciplinas y especialmente en la salud mental, «lo que ha llevado a que se estime para nuestra zona del oeste en 2000 usuarios del área de salud que no tienen atención dentro del sistema público», explicó.
Por otra parte, Larrañaga opinó que en momentos en que los recursos son insuficientes y las condiciones de vida generan más malestar, es muy difícil encontrar factores protectores en el sistema formal. Denunció que la nueva administración cerró, en los hechos, los espacios de participación social: «desde el primer momento no se convocó a los representantes sociales de la gobernanza del sistema de salud: «en cuanto a la Ley de Salud Mental (LSM), formábamos parte de la Comisión Asesora del Articulo 11, mandatada por la ley».
El conversatorio dio también lugar a las opiniones y experiencias de los diferentes actores territoriales. Marcos Martignony de Casa Trébol, por ejemplo, contó su experiencia como usuario de salud mental, su pasaje por el Hospital Vilardebó y su proceso hasta llegar a construir Casa Trébol, donde se conformó una cooperativa de trabajo dedicada a la lavandería. Por su parte Perla Vivas, de «Caminantes», Federación de Organizaciones de Familiares por la Salud Mental, dijo que aplicar la LSM implica contar con equipos interdisciplinarios en el primer nivel de atención que actúen en red en el territorio, «lo que no es sencillo», al tiempo que destacó la gran potencialidad de ese trabajo integral entre el sistema de salud y la comunidad. Además, defendió el derecho de los familiares a ser fortalecidos en su capacidad de comprensión de la situación y a que se les explique cómo pueden ayudar a su familiar.
Mónica Mosegue de la Cooperativa Riquísimo Artesanal, al igual que Marcos valoró el impacto positivo que el trabajo y la integración tiene en las personas. A través de su cooperativa han logrado una gran evolución en las personas y se les ha dado participación a todos en la comisión directiva. «Todos asumimos responsabilidades que generan una repercusión positiva», resumió.
Por el Programa Apex-Cerro de la Udelar participaron Pablo Pereira y Mercedes Lukin que contaron como trabajan sobre salud comunitaria, articuladamete con todos los dispositivos de salud, con los servicios universitarios y los grupos intersectoriales donde se reúnen diversos actores barriales.
Ver:
» Informe de la mesa «Ley de salud mental y proceso de reforma en la asistencia»