Este 21 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), investigadoras e investigadores de Argentina, Chile y Uruguay, junto con representantes del colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP) participaron del conversatorio «Múltiples voces y experiencias sobre situación de calle».
Santiago Bachiller, doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del CONICET de Argentina, abrió la ronda de exposiciones relatando la experiencia del Proyecto Red Calle, que abarcó seis países y encontró «desafíos comunes de las políticas públicas en términos latinoamericanos». En ese sentido, contó que en todos los países el Estado llegó tardíamente y con soluciones similares: alojamiento masificado, nocturno y temporal; equipos de calle, operativos de frío y censos específicos. «En todos los acasos había dificultades muy grandes para pasar de un enfoque asistencialista, basado en la urgencia, a una lógica de política integral de derechos», remarcó.
Repasó algunos déficit compartidos en los casos estudiados: falta de presupuesto; sistemas que no colapsan porque hay un porcentaje de personas que se niega a acceder a los sistemas; precariedad laboral de quienes trabajan en los dispositivos; y una concepción la persona en situación de calle que la ve como un sujeto pasivo, objeto de caridad al que se le ofrece solamente techo y comida. Destacó que una de las grandes dimensiones ausentes, paradójicamente, es el de la vivienda: «cuando llegábamos a una ciudad nos recibían las autoridades locales con todos los actores que trabajan temas de calle, pero siempre faltaba el ministerio de vivienda». A esto se sumaba, la insuficiencia de políticas de subsidios habitacionales, inexistencia de políticas para evitar los desalojos, dificultades para alquilar, y la poca calidad edilicia de los refugios.
Valeria España, doctora en derechos humanos y políticas públicas, abogada por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (Udelar), abordó la temática «en clave jurídica, pero trayendo, a partir del trabajo de la sociología jurídica y el urbanismo crítico, el concepto de justicia espacial». Recordó que la Constitución uruguaya reconoce el derecho a la vivienda, aunque hay una contradicción porque el concepto de vivienda está pensado «entre derecho social y mercancía», ya que se establece que se tiene que promover la inversión privada para garantizar el acceso.
Por otra parte, citó el artículo 37 que establece que «en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad» y el 46 que dice que «el Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo». Sostuvo que se trata de artículos del año 1934 que son «muy peligrosos».
Sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por el actual gobierno y la Ley de Faltas de 2013, que modificaron el Código Penal, España señaló que específicamente se sanciona la ocupación indebida del espacio público: «no solamente no contamos con leyes espaciales que reconozcan el derecho a la ciudad, si no que se criminaliza la pobreza a través de la penalización de la ocupación de los espacios públicos».
Por último, lamentó la incapacidad de la sociedad para discutir el problema de forma estructural, y los discursos higienistas que impulsan leyes de internación compulsiva de personas en situación de calle.
Por su parte Ignacio Eismann, sociólogo, doctor en Trabajo Social y Políticas de Bienestar, y director e investigador Centro de Investigación e Incidencia, repasó algunas experiencias de trabajo colaborativo para abordar estos temas en Chile y algunos países de la región. Contó que hacia el 2003 surgen muchas organizaciones que trabajaban con gente en situación de calle, quienes crean la Red Calle. A partir de ellos, se hizo un trabajo de incidencia para que el gobierno incluyera a esas poblaciones en el programa de protección social Chile Solidario, que ha tenido un desarrollo creciente y que, a partir de 2021 y 2022, ha tenido un fuerte enfoque en el derecho a la vivienda como un eje principal. Se trata de la primera experiencia de trabajo colaborativo que hubo en ese país para lograr demandas muy concretas: un censo, la creación del programa de atención psicosocial, y la participación de la sociedad civil en la diagramación de las políticas públicas. Sin embargo, surgió un problema ya que los programas sociales en Chile se licitan, por lo que las organizaciones de la sociedad civil pasaron a ser juez y parte, y el poder político de la Red Calle «desapareció».
Por otra parte, Eismann explicó cómo surgió el Centro de Investigación e Incidencia (CISCAL), del cual es investigador y director desde 2019. En ese sentido, se encontraron que en América Latina las universidades no estaban haciendo un trabajo colectivo para abordar el tema de las personas en situación de calle, más allá de iniciativas individuales, y que tampoco había una voz de incidencia en este tema. El Centro trabaja partiendo de la base de que se trata de un asunto relativo a los derechos humanos, porque la vivienda lo es, que requiere políticas públicas integrales, y que debe ser abordado con investigación interdisciplinaria e interseccional. Fue entonces que se fijaron cuatro líneas de trabajo: vinculación con la academia, generación de políticas públicas y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados.
Aseguró que es un desafío a futuro que las universidades puedan apuntar a políticas que apunten a la prevención. Por último, destacó la necesidad de realizar «trabajo de incidencia», para presionar a los Estados, para lo que el trabajo articulado internacionalmente es más potente.
La situación de calle en Montevideo
Fiorella Ciapessoni, docente del Departamento de Sociología y de la Unidad de Extensión de FCS y doctora en Política Social y Trabajo Social, repasó algunos datos sobre el tema en nuestro país: en 2023 se registraron más de 5000 personas sin hogar, en refugios, intemperie y otras respuestas institucionales de mediana, cota o larga estadía, registrándose en los últimos 18 años un aumento de 272 %.
En este marco, propuso reflexionar sobre tres asuntos vinculados que subyacen al inicio de trayectorias en situación en calle: la violencia temprana, la violencia basada en género y la institucionalización prolongada.
Además, alentó a trabajar en prevención: fortalecer las políticas para el acceso a la vivienda y para eliminar la pobreza; activar la prevención temprana en grupos vulnerables a la salida de instituciones como INAU y las cárceles; abordar la prevención en episodios críticos como, por ejemplo, mujeres que sufren de violencia de género; y dar respuesta inmediata a las personas que están a la intemperie, a través de refugios seguros y que se ajusten a las necesidades de las personas usuarias.
La ronda de exposiciones, cerro con la palabra de Humberto Aguilera, integrante de NITEP, quien criticó que muchas veces se asocia a la persona en situación de calle con violencia, «pero es la violencia lo que lleva a la situación de calle», advirtió, y dijo que es más fácil repetir los discursos punitivos que pensar en otro discurso.
Señaló que no hay una única solución para este tema, y llamó a adoptar un discurso que parta desde la empatía. A su vez se preguntó cuándo las personas que diseñan las políticas sociales se van a sentar con las personas a la que esta política va dirigida.
El conversatorio, «Múltiples voces y experiencias sobre situación de calle», realizado en la sala «Luisa Cuesta», se desarrolló en el marco del seminario temático Introducción a la Situación de Calle como un Problema Multidimensional y en el día de las luchas de las personas en situación de calle que se conmemoró el 19 de agosto. Además, se aprovechó la oportunidad para presentar el libro Situación de calle desde una perspectiva de derechos: múltiples voces y experiencias (Fondo Art.2, CSIC, Udelar), que recoge las voces de activistas, especialistas en derechos humanos, académicos y colectivos de personas en calle. Se compone de quince textos que muestran la vulneración de los derechos más esenciales, la falta de acceso a oportunidades, los problemas asociados a las experiencias de calle, las implicancias de iniciativas legislativas recientes, como también las potencialidades de la organización colectiva, formas novedosas de intervención social centradas en el cuidado y la autonomía, y enfoques paralelos a los convencionales sobre el tema calle, entre otros asuntos. Estuvo coordinado por Cecilia Etchebehere, Leticia Pérez de Sierra, Fiorella Ciapessoni y Marcelo Rossal.
