El Observatorio del Derecho a la Educación (ODEd) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación comparte el primer Informe anual sobre el derecho a la educación en Uruguay, correspondiente a 2022.
Este trabajo aborda los temas que marcaron el debate educativo en el año 2022, así como las políticas educativas propuestas y en desarrollo, con sus efectos sobre la efectivización del derecho a la educación. También integra informaciones y análisis vinculados a años previos para contextualizar lo sucedido en el año 2022 y abordar procesos de más larga duración, considerando especialmente los cambios que se iniciaron a partir de la asunción del actual gobierno nacional en marzo de 2020. El informe abarca los niveles educativos de enseñanza básica (inicial, primaria, media básica y superior) y formación docente, no así la enseñanza de nivel universitario ni la educación no formal.
Se trata de un trabajo realizado por un equipo de investigadoras e investigadores del ODEd tomando en consideración tanto los principales documentos de política educativa y los cambios legislativos a nivel más amplio como las normativas y circulares de las diversas estructuras que componen el sistema educativo. También se prestó particular atención a las miradas desplegadas desde diversos colectivos que son parte del quehacer educativo y se integraron aportes recogidos a través de notas de prensa.
A modo de síntesis de los principales aspectos que se abordan en el informe, un eje sustantivo que atravesó la mirada en todos los capítulos refiere al debilitamiento de la participación en los procesos de cambio educativo. Desde la Administración se habilitó la participación mediante mecanismos individuales o consultivos, no así mediante la inclusión directa de los actores en espacios de decisión y su intervención sistemática en el proceso. A su vez, en cuanto a la concepción del docente, y en el marco de los procesos de reforma curricular, se aprecia un enfoque tecnicista que privilegia el avance de dicha reforma a través de documentos producidos fundamentalmente desde los ámbitos técnicos de la ANEP y que debilita la participación docente y su incidencia en las discusiones políticas. Se relega el rol docente al de ejecutor de la política y, en lo que refiere a las prácticas educativas, se refuerzan lógicas vinculadas a la estandarización del trabajo docente y a una primacía de la gestión sobre la dimensión pedagógica.
Los ejes transversales de todos estos cambios en educación, que profundizan procesos que vienen de gobiernos anteriores, son producto de una mirada gerencialista. A partir de la instalación de un discurso de crisis educativa, que no se ve reflejada en los informes que la propia Administración ha publicado, se apuesta a una transformación cuyos criterios centrales son la gestión desde un enfoque gerencial y jerárquico de la gobernanza que confronta los procesos de participación en la producción de las políticas, una racionalidad cuantitativa con preponderancia de los aspectos observables y medibles, un énfasis instrumental basado en la mirada técnica y una concepción del individuo meritocrática, que responsabiliza al propio sujeto de aprendizaje. Estas tensiones debilitan y empobrecen las respuestas políticas y pedagógicas que se pueden construir para producir el derecho a la educación.