En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el 25 de noviembre, reforzamos el compromiso de la Facultad de Ciencias Sociales contra todas las formas de violencia de género.
En esta oportunidad presentamos la campaña «Por una Universidad libre de acoso», que tiene como objetivo prevenir y desalentar las conductas de acoso sucitadas en el ámbito laboral y educativo.
La Comisión Abierta de Equidad de Género (CAEG) y la Red Temática de Género (RTG) de la Universidad de la República (Udelar) lanzaron este 15 de noviembre la campaña de difusión. Entre otras acciones, se distribuirán folletos informativos en distintos servicios.
Se trata del proyecto de investigación «Acoso en el ámbito laboral y educativo. Aportes hacia una propuesta de intervención», financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) a través del Fondo universitario contribuir a la comprensión pública de temas de interés general, o programa «Artículo 2». El proyecto se vincula con la aplicación del Modelo de Calidad con Equidad de Género, otra de las acciones desarrolladas por la CAEG, que actualmente se implementa en nueve facultades.
La presentación se realizó en la Facultad de Información y Comunicación (FIC), por parte de las integrantes de la CAEG Victoria Espasandín, coordinadora; Agustina Faulord, representante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU); Patricia Oberti, coordinadora de la RTG; y Teresa Dornell, integrante de la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación (PAAD) de la Udelar. Además participaron el rector Rodrigo Arim, y la decana interina de la FIC, Martha Sabelli. Sabelli dio la bienvenida a la mesa e invitó a realizar más actividades en la FIC.
Espasandín explicó que el acoso sexual es un problema social que afecta fundamentalmente a las mujeres, y al mismo tiempo es la manifestación de violencia de género de mayor prevalencia en nuestro país. Afecta la integridad física y psicológica de las personas e impacta negativamente en las relaciones de trabajo y estudio. La campaña presentada propone la reflexión sobre esta temática, y busca prevenir el acoso y definir pautas de actuación ante esas situaciones.
En primer lugar se distribuirán folletos y pósters, y en diciembre se presentará un libro realizado bajo la coordinación de Espasandín y Alejandra López, responsables del proyecto mencionado. El folleto plantea algunas definiciones sobre el tema y describe situaciones cotidianas y conductas que pueden constituir acoso sexual.
También informa sobre la normativa nacional vigente, y de ese modo sobre las obligaciones de las instituciones y los derechos que amparan a las posibles víctimas. La ley 18.561 de 2009 promueve la generación de condiciones de seguridad en el entorno laboral y educativo que protejan a las personas del acoso, y alienta a la ejecución de medidas concretas, explicó Espasandín. El material de difusión presentado destaca que el primer paso ante una situación de acoso es «buscar ayuda y no quedar en silencio».
Por su parte Faulord indicó que el acoso sexual es «una pata de la violencia machista que sufrimos las mujeres», que además se vincula con una relación de jerarquía. El trabajo de la CAEG está ayudando a visibilizar esa violencia que ya existía en nuestros lugares de estudio y trabajo en la Udelar, puntualizó. Informó sobre la existencia de un protocolo que establece el procedimiento para formalizar las denuncias, a las cuales se da inicio a través de un formulario específico.
La estudiante señaló que es necesario desarrollar cada vez más estrategias de prevención y actuación ante esta problemática, y también construir conocimiento académico sobre el tema. Al igual que otras integrantes de la mesa, planteó la necesidad de fortalecer estas políticas a través de un presupuesto específico que brinde soporte a la comisión.
Oberti explicó que la RTG se conformó en 2001 por impulso de académicas feministas, y que luego pasó a integrar la CAEG, creada en 2012. Además de contar con una representante de esta red, la comisión se compone con delegados de las asociaciones de docentes, funcionarios y estudiantes, así como del Servicio Central de Bienestar Universitario y de Rectorado. También integra a un asesor especialista en calidad, que atiende los requerimientos del Modelo de Calidad con Equidad de Género. La investigadora señaló que los integrantes de la CAEG se reúnen quincenalmente, en un esfuerzo por fortalecer políticas que consideran fundamentales, a pesar de que no cuentan con recursos específicos.
Si bien el proyecto que CSIC financió llegó a «un producto final», la comisión necesita presupuesto «para llevar adelante este modelo, para transversalizarlo», indicó. Oberti entiende que el trabajo de la CAEG también puede ser apoyado a través de recursos destinados a la enseñanza y a la extensión.
Dornell se refirió a las actividades de la Comisión Central de PAAD, un ámbito cogobernado que incluye a representantes de varias dependencias centrales del área de Gestión Administrativa, además del prorrector, y que integra también a la RTG. Comentó que el grupo trabaja «en clave de derechos humanos», con la intención de promover discursos y espacios en contra del acoso y la discriminación.
En ese trabajo se generaron herramientas tales como el protocolo de actuación para casos de acoso por razones de edad, género, diversidad sexual, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, orientación política o sindical, o de otros aspectos socioculturales, así como el formulario de denuncia, explicó. Ambas se aplican en situaciones de acoso sexual. Señaló que es importante que las denuncias se realicen por escrito. (Ver más información).
El rector expresó su apoyo a la iniciativa. Comentó que si bien las situaciones de acoso en la Universidad ya existían, eran consideradas como «un problema del ámbito privado entre las personas, por tanto la institución no tenía nada que ver». Hoy el acoso está instalado como un componente más en la agenda de las políticas institucionales, indicó. Con respecto al tema se ha cometido otro error, observó, que ha sido la tendencia a minimizar la problemática.
Esos equívocos llevaron a la creación de un instrumento específico que abordara el tema apostando a la prevención, que comienza por «reconocer cuáles son esas situaciones», para luego generar una intervención pertinente, que no tome estos casos «como una denuncia más», indicó Arim. Para abordar el problema a nivel institucional, considerando que la Udelar concentra más de 120.000 estudiantes y 15.000 funcionarios docentes y no docentes, es necesario que ese instrumento sea fortalecido, que cuente «con recursos, con un componente técnico, y con una amplia red de apoyo», concluyó.
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