Este miércoles 14 el Grupo de Trabajo en Salud Mental Comunitaria de la Universidad de la República, llevó adelante el segundo conversatorio que intercambió sobre el proceso de reforma en la asistencia que promueve la Ley de Salud Mental en Uruguay y donde se resaltó la ausencia de la perspectiva de género en la implementación de la normativa.
El encuentro «Ley de salud mental y proceso de reforma en la asistencia. Miradas transversales al contexto normativo actual en Uruguay, desde las perspectivas de la diversidad sexual y el género» se desarrolló de 9 a 12 horas a través de la plataforma virtual Zoom y contó con la participación de profesionales en el área, referentes de distintas instituciones estatales y de la sociedad civil.
La actividad, se enmarca dentro el proyecto «Políticas de transición en el cambio de modelo de atención a partir de la ley 19.529 -Ley de Salud Mental- en Uruguay: desafíos para la externación sustentable» que es financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) y pretende la producción de conocimiento inter y transdisciplinario a partir de las experiencias transitadas en estos encuentros que se desarrollarán en un libro.
En la presentación de la actividad se indicó que «las personas institucionalizadas por motivos de salud mental se han visto de forma histórica rezagadas en su acceso pleno al ejercicio de los derechos humanos» y a pesar de que Uruguay en la actualidad se enfrenta a un cambio en su cuerpo normativo y jurídico «todo indica que las políticas de derechos humanos han sido insuficientes y, además a esta problemática se le suma las condiciones de desigualdad de género en la salud mental».
La psicóloga y trabajadora social Patricia Oberti, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, instó a que la pandemia sea «un punto de inflexión» para reconsiderar las prácticas que se implementan en relación a la salud mental y destacó la importancia de la «red de vínculos y las relaciones» no solo a nivel personal sino incluso en la interdisciplina y el intercambio de saberes.
La responsable de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental Argentina y referente nacional e internacional para organismos actuantes en derechos humanos y salud mental, Graciela Iglesias hizo mención a casos de salud mental que en 10 años no han modificado la forma de ver y atender la problemática que dan cuenta de la falta de la perspectiva de género y «donde la mirada estaba exclusivamente basada en el hecho y no en la persona y su contexto».
La especialista agregó que «si no hay un cambio de práctica y nuevas intervenciones, entonces las personas que además sufren la vulneración en razón de su vulnerabilidad (…), sufren también la discriminación, la desigualdad».
Asimismo, hace referencia al concepto de «igualdad de resultados» dado que afirma que no solamente deben garantizarse las oportunidades sino también la igualdad de oportunidad en cuanto a los resultados para todas las personas. También menciona la continuidad de un «techo de cristal» para las mujeres dado que el sistema social coloca por lo general al hombre en las posiciones de poder, lo que hace que se perpetúe «una propuesta patriarcal hegemónica en relación a lo que es la atención» en este caso, en salud mental.
Por su parte Lilián Abracinskas, representante de la Organización No Gubernamental Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), indicó que en la creación de políticas públicas en primera instancia no se contempla la perspectiva de género y luego se atiende de qué forma puede incorporarse. La salud mental no es la excepción. Para el diagnóstico por ejemplo se aplica un «sistema pensado en un plan social heteronormativo y con privilegios hacia quienes tienen una situación de poder en ese sistema de opresión». «No está incorporado cómo impacta la vivencia de una identidad sexual, de una orientación de género, de un ser estar en el mundo de manera concreta y diferenciada en la realidad de hombres, mujeres, disidencias», agrega.
En este sentido, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres), Mónica Bottero expresó que desde InMujeres se creó una línea específica de trabajo sobre salud mental y perspectiva de género que pretenderá abordar la temática enfocada en un cambio cultural que permita evitar la asociación permanente de la salud mental con la patología o el trastorno mental. Bottero también estuvo de acuerdo en que la perspectiva de género no debe ser algo accesorio para la formulación de las políticas sino que debe estar intrínseca desde su concepción. También agregó que la salud mental «es una condición que se aborda cuando aparecen los problemas llamados problemas mentales» y que debería profundizarse en «estudiar mejor si son problemas mentales o problemas sociales expresados desde la subjetividad».
La pandemia afectó también algunas problemáticas ya existentes: como el incremento exponencial de los intentos de autoeliminación, el aumento de la violencia intrafamiliar debido a que las víctimas se encuentran habitando el mismo espacio que sus agresores, así como el ejercicio del poder de manera arbitraria, según afirmaron la Licenciada en Psicología, responsable del área de salud mental de InMujeres, Marcela Pini, y la Licenciada en Comunicación, activista Transfeminista, integrante de Unión Trans, Josefina González, respectivamente.
Pini coincidió con Bottero en que hay que alejarse del paradigma del trastorno, para poder empezar a pensar de qué formas se habita el bien vivir, al igual que la Licenciada en Psicología e investigadora Dulcinea Cardozo, perteneciente a la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, que afirmó: «Hablar de una ley de salud mental no es solamente hablar de padecimientos sino también de cómo construimos otras condiciones de vida».