Con una importante participación se realizó este 2 de agosto la actividad «Expresiones de la desigualdad: la emergencia social en pandemia», que profundizó en la situación actual de nuestro país y posibles proyecciones a futuro.
Se trata del segundo encuentro del ciclo «Uruguay en la pandemia desde las ciencias sociales. Encrucijadas y posibles salidas», impulsado por Consejo de Facultad de Ciencias Sociales (FCS).
El encuentro virtual, explicó la decana Carmen Midaglia, tuvo como objetivo abordar los impacto a mediano y largo plazo que dejó la pandemia a nivel social. Repasó las diversas iniciativas a nivel de facultad y de la Universidad que intentan comprender la situación social derivada de la emergencia sanitaria y recordó algunas de las propuestas que realiza la Udelar en su mensaje de Rendición de Cuentas 2021.
El primero en abrir la ronda de exposiciones fue Diego Hernández, docente del Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Unidad Multidisciplinaria de FCS, quien se preguntó cómo incidió la condición de país pequeño de Uruguay a la hora de afrontar la pandemia. En este sentido, dijo que las dimensiones de nuestro país brindan ventajas en cohesión social, gestión flexible de las crisis, y mayor capacidad de seguimiento de los casos.
Por otra parte, analizó lo que consideró un «discurso político» que insistió en 2020 en mostrar a Uruguay como un «enclave sanitario» en la región y cómo esto se relaciona en 2021 con los cambios en la orientación de inserción internacional, tomando distancia de la región, particularmente del Mercosur. En su opinión, se pasa en el discurso de un «enclave sanitario, a un enclave liberal».
Andrea Vigorito, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, hizo un resumen de los principales resultados de tres investigaciones sobre los efectos de la crisis sobre la pobreza y la desigualdad, y habló sobre qué aprendizaje relevantes para estos tiempos dejan cuarto décadas de crisis (1982-2002). Entre las lecciones más importantes, destacó que las crisis tienen efectos sustanciales en las condiciones de vida de las personas los cuales «socavan los magros logros de los periodos de crecimiento» y afectan más a las poblaciones más pobres. Por otra parte, agregó que las crisis «son asimétricas» porque en períodos muy cortos de tiempo se producen importantes deterioros pero la reversión lleva más recursos y más tiempo, por lo que es indispensable que las políticas de apoyo y contención económica se implementen de forma rápida.
Vigorito dedicó unos minutos a hablar sobre un estudio en el que participó que analizó una cohorte de niños que cursaban primer año de primaria durante la crisis de 2002 y les hizo un seguimiento hasta el día de hoy. Allí se observó un vínculo entre abandono en secundaria y problemas nutricionales en la niñez, lo que evidencia que los efectos de la crisis perduran por varios años. Además, se observó que la pobreza medida por ingreso se superó más fácilmente que la medida por el método multidimencional, y que es necesario extender ayudas, no solo a las personas en situación de pobreza, sino también a los que están en riesgo de caer en la pobreza.
«Ya no es posible pensar a la sociedad como independiente de la naturaleza»
Anabel Rieiro, del Departamento de Sociología, que expuso sobre crisis alimentaria y los entramados de solidaridad, articuló su presentación sobre la consigna «qué aportan la ciencias sociales (CS) a la comprensión de la crisis, y qué le deja como aprendizaje a las ciencias sociales la pandemia».
En primer término, dijo que desde las CS se puede afirmar que «las crisis son endémicas a la naturaleza del capital», aunque esto se matiza con el hecho de que esta vez la causa es un virus. Igualmente, a su entender, desde la academia se deben problematizar algunas cuestiones naturalizadas: «la normalidad era el problema. […] Algunos científicos dicen que cada vez vamos a estar más vulnerables si seguimos produciendo y haciendo las mismas cosas». Agregó que la llegada del Coronavirus deja en evidencia para las CS que «ya no es posible pensar a la sociedad como independiente de la naturaleza. Esto va a marcar un antes y un después».
Sobre la alimentación en particular, dijo que es el resultado de relaciones sociales y subrayó que un reciente informe de Oxfam indica que en el mundo murieron más personas de hambre que de Covid-19. En el caso de Uruguay, un 25% de la población sufre algún grado de inseguridad alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En ese contexto surgieron al menos 700 ollas populares «con impronta vecinal que no se producen si no se ve una necesidad», explicó.
Más adelante, comentó que la ONU realizó hace algunos días la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios donde se ven «dos sistemas en disputa: el dominante tendiente a oligopolios, [que ve al] alimento como mercancía, y hay un contra modelo del alimento como sustento puesto en el centro de la vida, con un paradigma agroecológico». En ese sentido dijo que desde su equipo de investigación han trabajado para entender el hambre, cómo se produce, distribuye y consume el alimento y cómo se aborda desde las políticas públicas. «Hoy el problema es que las cadenas alimentarias no garantizan que haya menos hambre», advirtió. Desde su punto de vista las ciencias sociales deberían aportar a entender las alternativas al sistema dominante.
Impacto en las infancias y en la autonomía económica de las mujeres
Sandra Leopold, del Departamento de Trabajo Social, abordó el efecto en niños, niñas y adolescentes en Uruguay y lanzó algunas interrogantes sobre la política pública y algunas posibles orientaciones en el campo de la infancia y la adolescencia.
En primer término, Leopold aclaró el tema supone referirse a datos que no son nuevos: «a menor edad más probabilidades de ser pobre en Uruguay. Eso no lo inaugura la pandemia», sentenció. Igualmente aclaró que de los 100 mil nuevos pobres generados a partir de la emergencia sanitaria, un 25% serían niños y niñas.
En cuanto a las consecuencias, se refirió al sistema educativo, las violencias intrafamiliares e institucionales, los sistemas de protección pública para aquellos privados del cuidado parental y el efecto psico-social por el aislamiento. A esto agregó «algo que no es hijo de la pandemia, pero que se suscribe al período, que es el incremento punitivista con el cual se ha venido a acompañar las condiciones de existencia, expresado en las disposiciones de la LUC sobre el sistema penal juvenil».
Sobre la educación, las violencias y los sistemas de protección de niños y niñas, en particular, comentó que se «agudizó» la desigualdad en el acceso al derecho a la educación, tanto en primaria como en secundaria; se registró un aumento en el número de casos de violencia atendidas por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV); y se dieron dos fenómenos preocupantes en los sistemas de protección. Se profundizó, por un lado la persistencia del ingreso a la protección especial de niños y niñas por carencias de vivienda o ingresos, algo que en principio no está habilitado por la legislación vigente. «No puede ser objeto de internación un niño por condiciones de pobreza, pero de hecho se produce», reclamó. Por otro lado existen dificultades notorias en los procesos de egreso de la protección pública para quienes cumplen 18 años y deben afrontar «una suerte de autonomía material-afectiva en la vida social», lamentó.
Por su parte, Natalia Genta, investigadora del Departamento de Sociología, presentó algunas reflexiones sobre los impactos diferenciados de la pandemia y de las medidas que se tomaron para mitigar sus efectos en varones y mujeres, a partir de los intercambios e investigaciones del Grupo de Sociología de Género.
Ante el cierre de establecimientos educativos, las mujeres asumieron los costos, en términos de empleo, de las cargas de cuidados. También asumieron mayormente las cargas de cuidados en salud, en la enfermería y en los establecimientos de larga estadía, por ejemplo. «Han estado en la linea de fuego ya que son la mayoría de las personas que trabajan en estas áreas», detalló Genta. A esto se suma que las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la expansión de la Covid-19 afectaron más a los empleos típicos de mujeres: «Se perdieron más empleos en ramas de actividad feminizadas. De las mujeres que perdieron el empleo, el 28% correspondió a el servicio doméstico y el 29% al comercio. No se vio el mismo impacto en las ramas predominantemente masculinas», explicó.
Por otra parte, la docente criticó que Uruguay no haya generado acciones específicas para mitigar impacto en las mayores cargas de cuidados de las mujeres. Al finalizar su presentación, se preguntó qué impacto tendrá en el largo plazo para la autonomía económica de las mujeres la situación generada. En ese sentido, adelantó que las proyecciones de los organismos internacionales muestran que se van a ver «retrasados varias décadas de logros en la autonomía económica de las mujeres a nivel regional».
En el tramo final del evento se dio lugar a las preguntas del público que fueron comentadas en una segunda ronda de intervenciones de los panelistas.
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