LUC y seguridad: supuestos y consecuencias

Este martes 26 de mayo se realizó la conferencia «La LUC y el proceso penal: ¿Otra policía, otras cárceles, otro modelo de justicia penal?», que contó con la participación de docentes de Facultad de Ciencias Sociales (FCS).

El objetivo de la actividad fue reflexionar sobre qué cambios propone el proyecto de Ley de Urgente Consideración en cuanto al rol de la policía y sus consecuencias, qué efectos tendrá en el sistema carcelario y cómo afecta la gestión del nuevo proceso penal. Para ello, Daniel Zubillaga (abogado y ayudante en proyectos de investigación en FDer y FCS) y Lucía Giudice (Integrante del Observatorio Justicia y Legislación Fder, Udelar) hicieron un repaso del articulado del proyecto analizando los cambios que introduce y su relación con lo propuesto en los programas de gobierno presentados en las últimas elecciones nacionales por los partidos de la coalición gobernante. Para ello dividieron su presentación en las que son, a su entender, las cuatro grandes áreas de la propuesta: «Empoderamiento de las agencias policiales como auxiliares de la investigación del Ministerio Público; reforzamiento de la privación de libertad como respuesta preferente del sistema de justicia penal; modificaciones a las vías de terminación anticipada del proceso penal; tensiones entre modelo acusatorio del nuevo Código del Proceso Penal con modelo el inquisitivo de justicia penal del que era tributario el Código del año 1980».

Ana Vigna, docente e investigadora del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (NACVI) del Departamento de Sociología de facultad, reflexionó sobre los supuestos implícitos en el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) y algunas consecuencias que los cambios propuestos podrían tener en términos de seguridad.

Para Vigna está claro que en nuestro país se ha dado un aumento impotente del delito violento a pesar de que los niveles de pobreza y desigualdad han bajado y se ha incrementado notablemente el presupuesto destinado a la seguridad. En este contexto, dijo, es esperable que la población tenga una fuerte preocupación por la seguridad y demande del sistema político medidas tendientes a disminuir la violencia y la criminalidad. Adicionalmente, «hubo importantes problemas en la puesta en marcha del Nuevo Código del Proceso Penal (NCPP), aunque sabemos que con el correr del tiempo se ha ido mejorando los indicadores de desempeño». Por otra parte, señaló que ha habido un énfasis en el debate político en atribuir el mal funcionamiento de la justicia a problemas/impedimentos legales en detrimento de los problemas que se derivan del «mal relacionamiento» entre los distintos actores del sistema y de un sistema no «interpretable» para la ciudadanía.

En cuanto a los supuestos para justificar las modificaciones que propone la LUC, pero que a su entender no tienen «correlato con la evidencia empírica», dijo que hay una percepción generalizada de que nuestro sistema de justicia se caracteriza por «altos niveles de impunidad». Sin embargo, los datos muestran que la capacidad de investigación y de decisión formal ha superado ampliamente los números del Código del Proceso anterior, en términos absolutos y proporcionales al número de denuncias, explicó.

Otros de los supuestos o argumentos que se manejan es el de la supuesta benignidad de las penas aplicadas, principalmente a través de los procesos abreviados. En este sentido, Clara Musto, también investigadora del NACVI, repasó algunos datos: «a partir de [la puesta en funcionamiento] del NCPP, tres de cada cuatro formalizados van a prisión. Si se consideran solo las rapiñas, prácticamente todos [los formalizados] terminaron en prisión. Si se toman solo los delitos contra la propiedad, 8 de cada 10 van a prisión», argumentó. En cuanto a la extensión de las penas, estas son más prolongadas que las que se imputaban efectivamente con el Código anterior. «Hoy tenemos más penas de prisión y por tiempo más prolongado», resumió.

Sobre los cambios que introduce la LUC, dijo que las mayores potestades que se pretenden asignar a la policía en las investigaciones, los cambios en los plazos de comunicación, las modificaciones en relación a los registros y al control de identidad, solo ayudan a controlar delitos menores, pero la eficacia de esta clase de medidas contra el crimen no ha sido demostrada por los estudios disponibles.

Por otra parte aseguró que dar mayores potestades y «poder discrecional» a la policía y otros actores de la justicia sin mayor capacidad de control y sanción externo, abre un «flanco fácil para la corrupción».

«A nivel del sistema penitenciario, el efecto que se puede esperar es el incremento de la tasa de prisionalización», vaticinó. Y agregó que a nivel regional y mundial, Uruguay ya tiene una proporción muy alta de personas presas en relación al tamaño de su población.

Además, advirtió que se distorsionaría el principio de progresividad porque se limitarán aún más aspectos como las salidas transitorias y liberaciones anticipadas de acuerdo a la conducta de las personas privadas de libertad.

Para Musto existe un «riesgo de deslegitimación del sistema de justicia en su conjunto». «El éxito de la estrategia de prevención y combate al delito depende necesariamente de la acción coordinada de todos y cada uno de los actores que integran el sistema. No hay una alternativa. Si lo que lo caracteriza es, en el mejor de los casos, la descoordinación entre los intereses e información que manejan los actores, y, en el peor de los casos, una oposición franca de los distintos actores basados en sus propios intereses o concepciones diferentes sobre las causas del delito o las maneras de dar respuesta, entonces el único resultado esperable es el aumento de la impunidad y el fortalecimiento de los grupos criminales».

Problemas que no son nuevos

Para Henry Trujillo, integrante del Observatorio Justicia y Legislación de Facultad de Derecho, la LUC está acentuando una tendencia que viene desde la implementación del NCPP: recortar los mecanismos de los que dispone el Estado para enfrentar los problemas de seguridad. «Frente a instrumentos [cuya aplicación] no se está evaluando positivamente, los sacamos. No nos gusta cómo estamos aplicando la suspensión condicional del proceso, lo sacamos. No nos gusta cómo estamos aplicando el proceso abreviado, lo quitamos. Tenemos problemas con las salidas transitorias, las modificamos», dijo.

Para el docente la estrategia de recortar instrumentos parece poco sensata: «el Estado se está atando de manos a sí mismo y está eliminando grados de libertad en su actuación en un problema hipercomplejo como el de la seguridad ciudadana». En su opinión sería mejor tratar de estudiar lo que no funciona y generar consenso sobre el uso de esos instrumentos. Además, señaló el papel que juegan las dificultades del propio sistema para poder cumplir algunas medidas.

Por otra parte, hizo una segunda observación referente a las prácticas de producción legislativa: «en materia penal, cada vez que hay un problema hacemos una nueva ley que modifica las anteriores». Se da un «emparchamiento» que termina creando «sistemas incoherentes» y puso como ejemplo paradigmático el Código Penal, aunque admitió que «algo parecido está sucediendo con el NCPP que fue aprobado hace dos años y ha estado recibiendo modificaciones a razón de una por mes». Trujillo entiende que el problema de la incoherencia hace que cada actor interprete «cómo debe llevar las cosas», lo que termina generando un problema de legitimidad del sistema.

Por último, se mostró preocupado por la carencia de información suficiente para saber «por qué tenemos los problemas que tenemos y qué impacto tienen las medidas que tomamos». Ha habido mejoras, dijo, y puso como ejemplo la puesta en marcha del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Fiscalía, el Sistema de Gestión en Seguridad Pública de la Policía, y las mejoras en los sistemas en el Poder Judicial. «Pero estamos lejos de la información suficiente y necesaria para poder estudiar con tranquilidad los hechos». «Es como si en materia económica tomáramos decisiones sin saber la tasa de inflación», ejemplificó. «Muchas veces operamos a ciegas».

«Esta serie de problemas que aparecen en el proyecto de LUC [forman parte de] un problema general en la gestión del tema seguridad del Estado uruguayo que trasciende todos los partidos», aclaró.

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