El pasado viernes 13 de marzo, anterior a la implementación de las medidas preventivas en la facultad, se realizó la actividad Violencias Machistas en la sala de conferencias, donde se presentó una revisión histórica de las demandas de las mujeres uruguayas y se expuso sobre políticas públicas, violencia de género, acoso en la universidad y alternativas a las respuestas estatales.
Organizado por el Archivo Sociedades en Movimiento y el docente Diego Sempol, la actividad contó con expositoras miembros de diversos colectivos, de organismos gubernamentales y de la academia: Lucía Martínez, Andrea Tuana, Solana Quesada, María Delia Cuneo y Micaela Cal.
Como introducción, la egresada del Instituto de Profesores Artigas y también estudiante de la maestría en Historia Política, Lucía Martínez, expuso las luchas y los reclamos que han liderado las mujeres en Uruguay a lo largo de las décadas. Cambios en la legislación para quitar la inimputabilidad de aquellos hombres que cometían femicidios, obtener derechos civiles y poseer representación política fueron algunas de las demandas sociales.
A pesar de los avances y las legislaciones alcanzadas, el escenario actual corresponde a un período de estancamiento, según palabras de la directora de la Asociación Civil El Paso, Andrea Tuana, quien explicó que debido a la cantidad de denuncias y casos, estos se naturalizan. Además añadió que si se habla de violencia machista no es correcto remitirse a «una idea de toxicidad en los vínculos». «Hay que trabajar en un lenguaje de comprensión cuando se habla de dominación», sentenció.
A su vez, recalcó la importancia de introducir la formación en género en las currículas para que los profesionales puedan desempeñarse con un posicionamiento claro. En ese sentido manifestó que «ya no alcanza con decir cuántas tobilleras se necesitan o cuántos refugios, hay que dar un salto cualitativo y analizar desde que ámbitos se combate a la violencia machista».
Con respecto a las políticas de atención, la directora de la División Asesoría de Género de la Intendencia de Montevideo, Solana Quesada, explicó que actualmente hay 12 centros Comuna Mujer que trabajan con víctimas de violencia y un servicio de atención a varones agresores. La Intendencia trabaja también con la violencia sexual en el espacio público y en los espacios de trabajo. Quesada coincidió con que se debe mejorar la respuesta y cambiar el foco hacia las causas de la problemática, así como a «la prevención y la deconstrucción de los roles y estereotipos de género que son los que sustentan día a día que después se cometa un femicidio». Por otra parte, desde el Estado no hay una mirada que contemple la discapacidad y la pobreza como condiciones que afectan aún más la situación de violencia.
En relación al Estado, la integrante de la Coordinadora de Feminismos y del colectivo «¿Dónde están las gurisas?», María Delia Cuneo, sostuvo que hay una «inoperancia y complicidad a la violencia contra las mujeres». Defendió la manifestaciones como «forma política que construye» e incentivó a estar alertas «al primer acoso, grito o golpe».
De parte de la FCS, la socióloga, Micaela Cal abordó el tema del acoso, cómo este ha sido parte de la cultura organizacional y cómo los tipos de violencia se han vuelto más difusos en la actualidad. La universidad hace un par de años que da respuesta desde la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y Discriminación. El tratamiento de casos de esta índole es parte de la agenda de la política universitaria.
«Hay actitudes que no se van a tolerar», dijo y para eso se está trabajando en contar con una definición clara del problema con respaldo en la Ley 18.561, así como fomentar el trabajo en red y en colectivo. Se apunta a alcanzar un proceso con acompañamiento y seguimiento que brinde garantías para quienes denuncien.